Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios cubanos, incluido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como integrantes de la familia Castro y diversas entidades vinculadas al aparato estatal de la isla. La medida forma parte de la estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump, que ha endurecido su política hacia La Habana en los últimos meses.

Las sanciones fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro y se suman a otras acciones económicas, diplomáticas y judiciales que Washington ha aplicado contra el gobierno cubano. La decisión ocurre en un contexto de profundas dificultades económicas en Cuba y mientras ambos países mantienen contactos para abordar distintos temas bilaterales.

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La nueva batería de sanciones incluye al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ya había sido sancionado anteriormente por Estados Unidos debido a su papel durante las protestas sociales registradas en la isla en 2021.

La medida también alcanza a Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario cubano Raúl Castro; a Raúl Alejandro Castro; y a Manuel Anido Cuesta.

Además de las personas sancionadas, Washington incluyó a cinco entidades cubanas en la lista de restricciones, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una de las principales instituciones del aparato estatal de la isla.

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones implican el bloqueo de bienes o activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadunidense y restringen cualquier transacción financiera con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

La decisión se produjo el mismo día en que Donald Trump afirmó ante periodistas que deseaba que Cuba “fuera un país bien gestionado”, aunque reiteró las críticas de su gobierno hacia el sistema político cubano.

Tensión entre Cuba y Estados Unidos

Las nuevas medidas reflejan el deterioro de las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, marcadas por décadas de confrontación política y económica.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde 1962, una política que sucesivas administraciones han modificado parcialmente, aunque sin eliminarla. Durante el segundo mandato de Trump, las restricciones se han ampliado nuevamente mediante sanciones dirigidas contra funcionarios, empresas estatales y estructuras vinculadas al gobierno cubano.

El mes pasado, Washington ya había sancionado a 11 funcionarios cubanos, entre ellos mandos militares, responsables de inteligencia y autoridades del sector de telecomunicaciones. 

Paralelamente, la justicia estadunidense presentó acusaciones contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un caso que sigue generando tensiones entre ambos países.

Mientras tanto, Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas desde el triunfo de la Revolución de 1959. La escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, junto con los apagones recurrentes y una fuerte emigración, han agravado la situación social en la isla.

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El gobierno cubano sostiene que gran parte de sus problemas económicos son consecuencia de las sanciones estadounidenses y del embargo comercial. Por su parte, Washington argumenta que las restricciones buscan presionar a las autoridades cubanas en materia de derechos humanos y apertura política.

Aunque ambos gobiernos han mantenido conversaciones en busca de acuerdos sobre migración, seguridad y cooperación regional, las nuevas sanciones reducen cualquier posibilidad de normalización plena de las relaciones entre los dos países.