Las restricciones migratorias, la restricción al derecho a protestar y las garantías a la comunidad LGBTQ+ figuran entre las principales situaciones que vulneran los derechos humanos en Estados Unidos, alertó Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, el organismo pone de relieve que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho.
El organismo manifiesta que “el uso arbitrario del poder” desembocó en una serie de prácticas autoritarias entre las que figuraban una ofensiva contra el sistema jurídico y los inmigrantes indocumentados.
Trump además emprendió ataques de represalia contra enemigos políticos, mientras que concedió indultos a simpatizantes.
En materia de migración, el gobierno estadunidense “implementó una agenda racista y antiinmigrante” mediante órdenes ejecutivas que “deshumanizaban y criminalizaban” a las personas migrantes y solicitantes de asilo, señala AI.
El informe destaca que agentes enmascarados emprendieron redadas en lugares donde anteriormente no estaban permitidas y se amplió el sistema de detención masiva de inmigrantes con el fin de recluir a miles de personas en “condiciones inhumanas y de hacinamiento” en centros improvisados. Además, se expulsó a inmigrantes a terceros países sin el debido proceso.
El gobierno desplegó a la Guardia Nacional en ciudades con una gran parte de la población compuesta por grupos racializados, como el Distrito de Columbia y Chicago (Illinois). Además, el presidente amenazó con desplegar a la Guardia Nacional en otras ciudades aduciendo presuntas denuncias de aumento de la delincuencia.
En el último año en Estados Unidos se menoscabaron la libertad académica y de ideología con la eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
Continuó la represión de las protestas universitarias generalizadas contra la guerra en la Franja de Gaza. El gobierno de Trump siguió atacando a las universidades, valiéndose de suspensiones de financiación federal y becas de investigación. Se persiguió a estudiantes para revocarles el visado y deportarlos, por medio de vigilancia en redes sociales.
Estados Unidos también revirtió mecanismos de protección de las personas
LGBTQ+ y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero.
Las agencias gubernamentales recortaron los programas y la financiación que protegían a las personas LGBTQ+ y borraron de los documentos oficiales las menciones a la identidad de esta comunidad.
El gobierno de Trump también recortó la financiación de centros y programas de atención de la salud reproductiva, provocando cierres de clínicas que afectaron desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos.
Incluso en el sector ambiental, el gobierno estadunidense eliminó las oficinas de justicia ambiental en los organismos federales y puso fin a la financiación de organizaciones locales dirigida a dar respuesta a los daños ambientales y climáticos.
La ONG también citó los “homicidios extrajudiciales” de EU más allá de sus fronteras” y afirmó que “atacó ilegalmente a Venezuela e Irán” y amenazó a Groenlandia.
Durante la presentación del informe anual en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, tachó de “depredador” a Donald Trump, al igual que al ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial.
