Estados Unidos acordó modificar sus sanciones contra Venezuela para permitir que el Gobierno del país sudamericano pague al abogado defensor de Nicolás Maduro, retirando así una restricción que amenazaba con hacer fracasar el proceso por narcotráfico contra el derrocado presidente venezolano, según se desprende de un escrito judicial presentado el viernes.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en su domicilio de Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero y trasladados a Nueva York para enfrentarse a cargos penales que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. Se han declarado inocentes y se encuentran encarcelados en Brooklyn a la espera de juicio.

Gobierno no podía pagar honorarios

El abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó en febrero al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, que desestimara el caso porque las sanciones de Estados Unidos impedían al Gobierno venezolano pagar sus honorarios legales.

Pollack afirmó que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a contar con el abogado de su elección.

Ni Maduro ni Flores pueden permitirse pagar a sus abogados por su cuenta, y el Gobierno venezolano está dispuesto a sufragar sus honorarios, según han declarado sus abogados.

Todos los acusados en procesos penales en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, independientemente de si son ciudadanos estadounidenses.

Derecho a asistencia letrada constitucional

Hellerstein declaró en una vista judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que el Gobierno estuviera justificado al bloquear los pagos.

El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Wirshba también señaló que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque el poder ejecutivo, y no el judicial, es el encargado de la política exterior.

Hellerstein señaló que Estados Unidos había relajado las sanciones a Venezuela desde la destitución de Maduro. Las relaciones entre Caracas y Washington han mejorado desde que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, comenzó a dirigir Venezuela de forma interina.

"El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional", dijo Hellerstein, un juez nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton. "El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional".

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las sanciones contra Venezuela por las acusaciones de que el Gobierno de Maduro era corrupto y socavaba las instituciones democráticas. Washington calificó de fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.

Maduro desestimó esas acusaciones, junto con las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas, como justificaciones pretextuales de lo que él denominó el deseo de Estados Unidos de hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo de este país sudamericano miembro de la OPEP.