El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
Un total de 486 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) -considerada terrorista por Estados Unidos- son juzgados desde el lunes acusados de cometer más de 29 mil asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas.
Bukele señaló en la red social X que lo "novedoso" de este juicio masivo "es hacer responsables a los jefes (pandilleros) por los crímenes cometidos por sus organizaciones".
No inventamos ese principio. Se llama 'responsabilidad de mando' y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", aseguró el mandatario derechista al responder una crítica del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien consideró "injusto" el juicio colectivo que incluye a 22 líderes de la MS-13.
Testigos protegidos acusaron el martes a los 22 "ranfleros" o jefes históricos de la pandilla que actuó como un "corporativo criminal", según el fiscal Max Muñoz.
En los Juicios de Núremberg, entre 1945 y 1946, juristas de los países Aliados que ganaron la Segunda Guerra sometieron a juicio individualizado a 21 de los más altos dirigentes del régimen nazi alemán, lo que sentó las bases de un sistema de justicia penal internacional. Doce acusados fueron condenados a muerte y colgados.
En el juicio masivo de El Salvador, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, el grupo está acusado de 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, de acuerdo con la Fiscalía.
En el marco de su ofensiva antipandillas, Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91 mil detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.
La ofensiva que busca cambiar El Salvador
La política antipandillas de Nayib Bukele tomó fuerza tras el fin de una tregua informal entre gobiernos anteriores y las principales maras, especialmente la MS-13 y Barrio 18. Entre 2012 y 2014, administraciones pasadas impulsaron negociaciones secretas para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios, una estrategia que luego colapsó y fue ampliamente cuestionada.
Investigaciones judiciales y periodísticas sostienen que también el gobierno de Bukele mantuvo contactos con líderes pandilleros antes de romper definitivamente esa vía y lanzar la ofensiva militarizada de 2022.
El punto de quiebre ocurrió entre el 25 y 27 de marzo de 2022, cuando El Salvador registró una ola de 87 homicidios en tres días, incluyendo 62 asesinatos en una sola jornada, una de las más violentas desde la posguerra.
Tras esa crisis, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales como límites a detenciones sin orden judicial, derecho de defensa inmediata y privacidad de comunicaciones. Desde entonces, el gobierno sostiene que los homicidios cayeron a mínimos históricos y que recuperó territorios antes controlados por las pandillas.
La ofensiva dejó más de 90 mil detenidos y convirtió al sistema penitenciario en eje central de la estrategia, con la apertura del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel inaugurada en 2023 para miles de reclusos.
Organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado denuncias de arrestos arbitrarios, torturas, muertes bajo custodia y procesos sin debido proceso. Aun así, la política de Bukele conserva altos niveles de apoyo popular y ha sido observada por gobiernos de la región interesados en replicar su modelo de seguridad.
