El Gobierno estadunidense solicitó el martes a la Corte Suprema que le permita usar una base de datos de inmigración actualizada para comprobar la exactitud de los censos electorales estatales, una de las medidas destinadas a reforzar la participación federal en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.
Los abogados del Departamento de Justicia solicitaron al tribunal que suspenda la resolución dictada en junio por un juez federal con sede en Washington D.C. que bloqueó el sistema de verificación masiva de votantes por haber sido elaborado de forma improvisada y contener datos poco fiables sobre la ciudadanía.
En su escrito presentado ante la Suprema, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la orden de "indefendible", ya que "amenaza la integridad de las próximas elecciones al privar al Gobierno federal de la autoridad para usar de forma interna los datos de la Seguridad Social a la hora de cumplir con su deber de responder a las solicitudes de los estados para verificar la ciudadanía de las personas con fines electorales y de otro tipo".
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Los correligionarios republicanos del presidente Donald Trump se encuentran inmersos en una encarnizada batalla por mantener el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de legislativas del 3 de noviembre.
El Departamento de Seguridad Nacional rediseñó el año pasado una base de datos federal conocida como "Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones" (SAVE, por sus siglas en inglés), usada para verificar la ciudadanía y la situación migratoria de una persona.
La remodelación permitió consultar muchos registros a la vez y acceder a los números de la Seguridad Social de las personas. Desde entonces, varios estados de gobierno republicano han cotejado sus listas electorales con la base de datos y han cancelado inscripciones de votantes registrados que figuraban como no ciudadanos.
Los críticos afirman que estas medidas de los republicanos están motivadas, más que por preocupaciones sobre la seguridad electoral, por un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, con el riesgo de privar del derecho al voto a personas con derecho a votar, a menudo de tendencia demócrata.
Los colectivos que presentaron una demanda para bloquear el sistema SAVE revisado dijeron que personas identificadas erróneamente como no ciudadanos han sido eliminadas de las listas electorales. Según dicen, inmigrantes naturalizados con derecho a votar a veces son etiquetados como no ciudadanos.
